Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados internos: 6,5 millones.
Sin embargo, este flagelo está sumido en la impunidad. Las investigaciones y sentencias contra perpetradores y cómplices son escasas frente a las dimensiones de la tragedia.
Seis millones y medio de personas desplazadas en Colombia, casi el doble de habitantes de Uruguay, dan cuenta de las dimensiones trágicas de este flagelo en el país. Como si fuera poco, los casos en los que la justicia ha operado son mínimos. La impunidad ha estado vinculada estrechamente con el desplazamiento forzado, esa es una de las conclusiones del informe “Una nación desplazada”, que lanza hoy el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
El desplazamiento interno forzado de población es un eje de larga duración; se inscribe en una confrontación armada multipolar y diferencial en las regiones; las víctimas son diversas: no pertenecen a una etnia, a una religión, a una clase o a un grupo social específico.
Ahora bien, no solo el conflicto armado ha sido el responsable del desplazamiento forzado en el país, en 2011 el 87% del desplazamiento forzado provino de los municipios mineros-petroleros, y para esa misma época se hizo evidente que Colombia fue uno de los países de América Latina que registró mayor inversión en tierras, acaparamiento y presencia de grandes inversionistas en tierras provenientes de otros países de la región.
